Toluca, Méx.- Para equilibrar el derecho a la seguridad social de los servidores públicos, el principio de igualdad en el uso de recursos públicos y la sostenibilidad financiera del Estado, Maurilio Hernández González propuso establecer un régimen constitucional general y uniforme en materia de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, planes complementarios y prestaciones análogas cubiertas con recursos públicos estatales o municipales.
La iniciativa plantea que estas disposiciones sean aplicables a los poderes del Estado, los municipios, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias, órganos desconcentrados, organismos auxiliares, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, fideicomisos públicos, tribunales administrativos, comisiones y, en general, a cualquier órgano, organismo, entidad o instancia pública estatal o municipal que ejerza, administre o reciba recursos públicos.
Que ningún servidor público pueda percibir una remuneración igual o mayor que la de su superior jerárquico, salvo en los casos previstos; en los cuales, el total no podrá exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones, préstamos o créditos sólo podrán otorgarse cuando estos conceptos se encuentren previstos en la legislación aplicable, con excepción de los servicios de seguridad por razón del cargo o comisión desempeñada.
